Unas 200 personas se concentraron el pasado domingo 13 de Noviembre frente a la Grúa de Piedra, al lado del emplazamiento previsto para el Centro Botín de las Artes, para criticar que con este proyecto se está haciendo «un traje a medida» y «de arriba a abajo». Así lo ha manifestado Juan García, portavoz del colectivo convocante, el Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía.
Los convocantes inciden en que esta decisión carece de «consenso» y que los políticos «están acomodando la normativa al servicio de intereses ajenos a los de los ciudadanos», afectando a «suelo público en el mejor solar de Santander».
Durante la protesta, se distribuiyeron hojas para presentar alegaciones a la modificación número 9 del Plan Especial del Sistema Portuario, que da cobertura al cambio de usos en la zona para permitir el uso para dotaciones culturales.
Estas alegaciones, alrededor de 300, según la organización, se presentaron el pasado martes en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).
Este colectivo se concentra todos los sábados en la Grúa de Piedra, denuncia el «desastre medioambiental» que, a su juicio, se pretende cometer en una de las bahías «más bellas del mundo» con la construcción del Centro Botín en los muelles de Maura y Albareda de la Bahía de Santander.
ALEGACIÓN
En alegación se hace hincapié en que la modificación del sistema portuario no responde a las necesidad propias de su actividad, sino que atiende a la iniciativa de «una entidad particularidad», y que no se ha justificado el emplazamiento elegido, ni que sea «imprescindible» esa zona.
«Los responsables de las administraciones podrían estar forzando una interpretación de las normas jurídicas para obtener un objetivo establecido ‘a priori’ y en favor de una iniciativa particular, manipulando documentos técnicos para justificar aparentemente una decisión», apuntan, con lo que concluyen que «estaríamos» ante actuaciones que podrían encuadrarse en la figura delictiva de prevaricación.
El impacto sobre el paisaje lo describen como «brutal e inaceptable», y advierten de la «invalidez» del Informe de Sostenibilidad Ambiental, que, además, fue elaborado por un licenciado en Geología y no por varios profesionales, según exponen, de modo que el informe es «nulo de pleno derecho y carente de validez y eficacia», en el que se ha cometido un «falseamiento de los hechos».
Y enumeran los distintos impactos visuales desde diferentes puntos de la ciudad, así la vulneración del Convenio Europeo del Paisaje o de la Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria.
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