Nació en el año 2014 con unas jornadas iniciales que funcionaron como puerta de salida a un ciclo que perduró por varios meses. En 2016 Conglomeradas pasó de llevar a cabo actividades formativas o de reflexión para organizar quedadas como una plantada de calabazas en el barrio de San Roque, conscientes del proceso de gentrificación del barrio y de las zonas verdes abandonadas y en deterioro higiénico.
A día de hoy, el espíritu del proyecto sigue vivo y ciertas acciones o actividades se llevan a cabo bajo este nombre, que da la posibilidad de aglutinar todas aquellas expresiones que pongan el espacio urbano en cuestión.
Para encontrar más documentos que se elaboraron durante dicha época visitar; https://conglomeradas.org/
ALGUNOS TEMAS QUE SE TRATARON EN LA EXPERIENCIA DE VIDA DEL PROYECTO:
- La ciudad de Santander: contexto histórico y desarrollo
- El modelo ‘oficial’ de Santander: Santander 2020 y Smartcity
- Expericias barriales de lucha y de dinamización
- Litoral de Santander: su panificación e impactos
- Okupación: experiencias y aprendizajes
- Control social en las ciudades
- Formas de habitar: patrones verticales, aislamiento, alternativas…
- Gentrificación
- Participación, auto-organización y gestión de lo común
- Militarización del territorio urbano
MUGITU!]]>MUGITU!Hoy día 27 de octubre 8 participantes en el movimiento de desobediencia al TAV Mugitu! hemos interrumpido el 29º Consejo Plenario de la CTP (Comunidad de Trabajo de los Pirineos) en Toulouse (ver comunicado).ACCION DEL MOVIMIENTO MUGITU! HOY EN TOULOUSEHoy día 27 de octubre 8 participantes en el movimiento de desobediencia al TAV Mugitu! hemos interrumpido el 29º Consejo Plenario de la CTP (Comunidad de Trabajo de los Pirineos) en Toulouse (ver comunicado).Al mismo asistían los presidentes de los 8 territorios de la CTP, que incluye la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. En esta misma sesión se realizaba el balance de la presidencia asumida por Midi-Pyrénées durante los dos últimos años y se transfería dicha presidencia a Navarra.Estas personas han subido al estrado presidencial, mostrando carteles contrarios al TAV y han explicado en francés las razones de su oposición, al mismo tiempo que han arrojado octavillas explicativas de la acción y han coreado consignas anti TAV.
Simultáneamente, la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra Yolanda Barcina ha sido “obsequiada” con 3 tartazos en la cara por parte de varios participantes en la protesta. La razón de esta acción ha sido “agradecer” los ímprobos esfuerzos que como máxima responsable política de Navarra está realizando por la imposición de una infraestructura tan antiecológica, antisocial y despilfarradora como el corredor navarro del TAV. Además ha sido una “elegante“ manera de darle la bienvenida en su nuevo cargo de presidenta de la CTP, una organización que se distingue por su marcado carácter desarrollista, al haber realizado una gran cantidad de infraestructuras a lo largo y ancho de los Pirineos y tener planes para seguir en ello.
Yolanda Barcina al igual que sus compañeros de gobierno se quieren quedar con todo “el pastel “ de la construcción del TAV en Navarra, junto con las empresas constructoras y la banca. Hay que recordar que tanto ella como otros miembros de su gabinete han estado cobrando durante estos últimos años primas dobles de hasta 100.000 € al año como consejeros de la Caja de Ahorros de Navarra, además de su “nada desdeñable” sueldo de político. Ahora como presidenta de la CTP tambien cobrará suculentas primas. Recientemente aludía en Bruselas a que había que “abrir los Pirineos” al paso de nuevas infraestructuras de transportes.
Para ver el video visitar: http://mugitu.blogspot.com/2011/10/barcina-se-queda-con-todo-el-pastel-del.html ]]>
En el fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo aboga por una evaluación de impacto ambiental de forma conjunta en los parques eólicos cuando se encuentren próximos a otros en la misma zona, como en este caso, donde esos dos proyectos se sumaban a otros dos.
En la sentencia, la Sala estima así el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa contra los acuerdos del Consejo de Gobierno en torno a estos proyectos de energía eólica, que fueron autorizados en 2008 siguiendo la normativa del año 2000 para la implantación de parques eólicos en Cantabria .
En el fallo, la Sala advierte de que el Estudio de Impacto Ambiental es incompleto, al no tener en cuenta la cercanía de los parques de Campóo Alto y La Costana, además de faltar un estudio de conjunto acerca de la incidencia de «todos los proyectos» de parques eólicos en la Zona III Campóo Alto, respecto a la flora, fauna, y paisaje, etc…
El Ayuntamiento entendía que se autorizaron en base a evaluaciones de impacto «erróneas», al no tener en cuenta la proximidad a estos dos parques, los de Sombablle y Lantueno, de otros dos, los de Campoo Alto y La Costana.
De hecho, el Consistorio hacia hincapié en que los de Somballe, Campoo Alto y La Costana, llegaban a formar un único parque «desde el punto de vista funcional y medioambiental», pese a que tuvieran una tramitación diferente que había «subvertido» la finalidad de la normativa de impacto ambiental, en lo que ven como un «fraude de ley».
Los parques contaban con infraestructuras compartidas, como una única línea de evacuación, los mismos accesos y no se distinguía entre los aerogeneradores de uno y otro, precisamente por la escasa distancia entre cada uno.
Frente a eso, el Gobierno de Cantabria alegaba que la estimación realizada ya tenía en cuenta el impacto conjunto de tres de los parques.
Las cuatro autorizaciones ambientales tenían la misma fecha, apunta la Sala, que detalla que los argumentos del Gobierno se limitaron a una «somera» descripción de las ventajas de contar con una línea de evacuación de la energía, pero con una «ausencia total» de estudio de conjunto sobre la incidencia de la «acumulación» de proyectos de la zona en la fauna, flora y paisaje, lo que supone que «no se ha cumplido la legislación».
Sin evaluación conjunta, proyectos nulos
El TSJC establece en la sentencia que el informe y la evaluación de impacto ambiental deben tener en consideración el impacto «en conjunto». «Si no lo han realizado así, debe considerarse incompleta la evaluación y nulo el proyecto», manifiesta.
Y ordena, en consecuencia, la realización de un nuevo estudio, con un procedimiento de evaluación ambiental que tenga en cuenta que la zona elegida para el emplazamiento es «muy sensible», con un «altísimo valor ambiental», por lo que no debería permitirse «una transformación radical».
Los planes directores de estos parques (Somballe y Lantueno) se aprobaron en 2006, y la estimación de impacto ambiental, en octubre de 2007. El fallo relata como los parques de Somballe y Lantueno se iniciaron en 1998, y los de Campoo Alto y La Costana, en 2002, por lo que no se corresponden con las previsiones del Plan Energético aprobado en 2005, con vigencia hasta 2011.
La Sala de lo Contencioso se remite a otros fallos, como la jurisprudencia del Tribunal Supremo o varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que también se pronunciaba sobre la falta de un «verdadero estudio» de los efectos «sinérgicos» por la existencia de parques próximos e infraestructuras asociadas.
Fuente: EL Diario Montañés.
]]>
]]>El movimiento 15M Santander convoca una concentración este viernes, 7 de octubre, frente a la calle Tetuán 41-45 contra el desalojo de dicho edificio y en apoyo a las familias que allí viven.
Según ha informado el 15M Santander, la concentración se efectuará frente al edificio a las 17:00h, pero animan al vecindario y a quienes quieran a unirse desde las 16:30h junto al grupo que partirá desde la plaza Porticada.
Las familias de este edificio llevan tres años queriendo rehabilitar el inmueble, cuyas plantas superiores sufrieron un incendio después de que el servicio de bomberos controlara una explosión de gas en 2008. Sin embargo, esta rehabilitación no se ha podido realizar devido a la negativa del Ayuntamiento a concede los permisos pertinentes, lo que, según comentan mienbros del 15M, muestra que el Consistorio «parece tener otros planes para el solar del edificio, situado en un barrio popular a a apenas 100 metros de la bahía».
A pesar de no conseguir los permisos, los vecinos continúan con las acciones administrativas y legales correspondientes contra la decisión de derribo del Ayuntamiento, presentando informes independientes que certifican que «el edificio podría ser perfectamente habitable tras la necesaria rehabilitación», y otros donde «se valora el edificio en el doble de lo que ha sido valorado por parte del Ayuntamiento de Santander». En palabras de los propios vecinos, «el Ayuntamiento nos deja sin derechos ni decisión sobre nuestras viviendas y negocios».
El movimiento 15M de Santander ha indicado que las familias de este inmueble «requieren apoyo social y mediático».
El movimiento 15M de Santander apoya la lucha del vecindario y se solidariza con las familias, de las cuales dice que «requieren apoyo social y mediático».
]]>
Una voladura de las obras de construcción del tramo Unquera-Llanes de la Autovía del Cantábrico ha dejado al descubierto una espectacular cueva en las inmediaciones de la localidad de Vidiago. La caverna presenta en su interior impresionantes estalactitas, estalagmitas y otras formaciones geológicas, así como restos de animales prehistóricos.]]>Una voladura de las obras de construcción del tramo Unquera-Llanes de la Autovía del Cantábrico ha dejado al descubierto una espectacular cueva en las inmediaciones de la localidad de Vidiago. La caverna presenta en su interior impresionantes estalactitas, estalagmitas y otras formaciones geológicas, así como restos de animales prehistóricos. Pese a ello, puede quedar sepultada en los próximos días al permitir la Administración que continúen los trabajos -voladuras incluidas-, tras concluir los autores de los estudios realizados que carece de interés cultural y paleontológico. La gruta, de grandes dimensiones, fue descubierta hace unas semanas, casualmente, gracias a una voladura. La caverna, según han manifestado varios espeleólogos que estuvieron en su interior, contiene restos de animales prehistóricos, como renos o rinocerontes lanudos. La voz no tardó en correrse entre los aficionados a la espeleología, y en una escapada Nacho García-Cosío y varios amigos pudieron visitarla y fotografiar su interior hace unos días. Según el joven espeleólogo, varios lugareños les aseguraron que «vinieron arqueólogos a estudiarla» y que dado que sólo encontraron «algunos restos de rinocerontes lanudos y renos» se continuará con las obras de la autovía. «La cueva es espectacular», afirmó García-Cosío, a quien le sorprende que pueda quedar «tapada por la autovía». Por eso ha decidido dar la voz de alarma, con la intención de que la Administración dé marcha atrás en sus pretensiones de sepultar esta caverna.
No es la primera vez que unas obras sacan a la luz tesoros geológicos en el oriente de Asturias. Ya se registró un hecho similar a éste hace casi dos décadas con La Covaciella, en el desfiladero de Las Estazadas, en el concejo de Cabrales. En 1994, una voladura realizada durante las obras de ampliación de la carretera que lleva a Cabrales abrió un agujero que condujo directamente a una zona con pinturas rupestres de una enorme belleza e increíble frescura: parecía que estaban recién pintadas. Faltó muy poco para que ese hueco fuera rellenado con escombros y sepultado para siempre antes de descubrir la existencia de las pinturas, pero la coincidencia con las fiestas del Pilar hizo que los trabajos se retrasasen y que varios vecinos de Cabrales encontrasen unos bisontes pintados en la pared. Aquel hallazgo obligó a la Administración regional a detener las obras para estudiar la cueva. En aquel caso la importancia del descubrimiento obligó a modificar el proyecto de mejora de la carretera para salvaguardar La Covaciella.
Fuente: lne.es ]]>
El estado, a través de las leyes y sus cuerpos del orden imperfectos, pretende organizar y controlar aspectos de la existencia personal individual más allá del sentido común de cada uno y sus posibilidades de desenvolvimiento social. Se fomenta, más allá de lo aparente, la desconfianza entre semejantes y la asunción de roles muy definidos, políticamente correctos, entre la ciudadanía. A la postre va consiguiendo lo que se propone: el amedrentamiento, la disuasión, la pena al individuo (con ulterior sentimiento de culpa) y, llegado el caso, su dinero.
Este tipo de ordenanzas municipales (sobre la protección de la convivencia ciudadana y la prevención de actividades antisociales, o similares) se van extendiendo por las ciudades del estado según un efecto contagio, por la imperiosa necesidad que tienen los consistorios de recaudar para sus maltrechas economías y cubrir sus siempre crecientes gastos. Así es como trasladan a la población sus problemas (estructurales y fundamentales) de financiación y gestión. El resultado es la certeza (a poco crítico e informado que esté uno) de que vivimos en un estado de naturaleza absolutamente represiva pero que, paradójicamente, sólo logra hacer cumplir ciertas leyes cuando y como conviene.
En la exposición de motivos se evidencian los impulsos de la ordenanza. Se habla de cada vez más bienes comunes ciudadanos, pero aclarándose que aún son escasos y que, por el uso y desgaste que se hace de ellos, merecen una «vigilancia intensiva» por parte de la administración. Se invoca también el talante cívico en el uso de los bienes e instalaciones a disposición del público sin mencionarse que es el propio ayuntamiento el que diseña ciudad, imponiendo en todo momento y lugar la relación espacio público/privado e instalando el mobiliario y equipamiento que desee para el fin que desee.
El texto se refiere a la lucha contra actuaciones incívicas (por parte de individuos y colectivos minoritarios, lo que debe incluir a infantes) que alteran la paz ciudadana, la tranquilidad y la vía pública, con el gasto que ello supone. Cabe mencionar el antepenúltimo párrafo de la exposición de motivos, en el que se aclara que la ordenanza incide en una realidad diaria cuya repercusión genera una alteración de aquello que «socialmente se acepta como convivencia ciudadana» (ausencia de molestias y de necesidad de causar daños o malos usos). Ello significa la permisividad con todo lo «socialmente aceptado» al tiempo que se reprenden las «conductas antisociales». En el último párrafo de la exposición de motivos se menciona la necesidad de una amplia difusión de estas normas; difusión que, puede decirse, apenas ha trascendido en Santander ni en otras ciudades, excepto quizás en Barcelona, por la contestación social a que dio lugar y que no evitó su aprobación.
En su punto 2.3 la ordenanza aclara que alcanza también a las fachadas de los edificios y a otros elementos urbanísticos de titularidad pública o privada, eso si, sin perjuicio de los derechos que individualmente correspondan a los dueños. Sin entrar aquí a analizar la naturaleza de la propiedad, nos encontramos con que no estaría permitido colgar carteles o pancartas en ventanas o balcones, con el grave perjuicio que ello supone para la libertad de expresión constitucional.
A partir del artículo 5 la ordenanza expone una serie de prohibiciones, algunas ciertamente imprecisas (zarandear los árboles, uso «anormal» de praderas, cazar/matar/maltratar animales) o estrictas (cortar hojas, subirse a los árboles), aplicables también a espacios privados visibles desde públicos. Se prohíbe asimismo bañarse o lavar en fuentes y estanques. También «cantar o gritar por encima de los límites del respeto mutuo» (art. 13) y se someten a previa autorización municipal las emisiones acústicas de cualquier tipo. El artículo 15.3 (aparentemente un par de oraciones inconexas) prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. En el 17 se garantiza el libre tránsito por el espacio por prohibición, entre otras, de acciones de presión o insistencia, de ofrecimiento o requerimiento hacia los ciudadanos sin autorización. El artículo 19.1, que asigna a la policía local la potestad para hacer cumplir la norma, también parece incorrectamente redactado. El artículo 25 permite a la policía poner fin a la actividad (así como la retirada de bienes, objetos, materiales o productos relacionados con ella) que haya generado infracción, aún antes de una sentencia firme.
El más delicado control en el entorno de instalaciones industriales y de vehículos a motor (art. 9.2) se despacha (sin perjuicio de la reglamentación especial aplicable) con la prohibición de cualquier emisión que altere límites de alteración de tranquilidad y descanso público. Esta veda, indudablemente, no se hace cumplir, pues los ámbitos mencionados son esenciales para el funcionamiento económico-capitalista.
Cabe destacar que las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 750 € (lo que se antoja exagerado) y la posibilidad de abono de sanciones antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, con reducción del 50% de la cuantía (clásica medida política destinada a disuadir a los recurrentes y agilizar cobros). Otro dato a destacar es la consideración de la, tan complicada de evaluar, «trascendencia social de los hechos» (o la existencia de intencionalidad del infractor, entre otras circunstancias) para la graduación de cada sanción aplicable.
Las medidas expuestas aquí constituyen sólo algunos ejemplos de lo puntilloso de la ordenanza, según la cual, técnica y estrictamente, casi todo está prohibido en el término municipal. El amplísimo alcance y el boato dialéctico desplegado en este texto legal se confunden en un fondo vago en el que la ambición consistorial por el control hasta el mínimo detalle raya lo absurdo, lo ridículo. Se trata, en fin, de la imposición de una suerte de dictadura del culto al orden en el territorio perfectamente artificial, destinada a inhibir la relación mutua, las posibilidades de expresión y que acaba generando recelo, suspicacias y disensión entre semejantes. Su carácter intruso, indigno, prepotente y antidemocrático debe animarnos al incumplimiento, dentro de unos límites de respeto físico, ecológico y permanente disposición al diálogo.
- Ordenanza Municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actividades antisociales del Ayuntamiento de Santander [BOC].
- La Ordenanza de Convivencia, a debate [Diagonal Cantabria]
- «Se están eliminando derechos de forma velada» [Entrevista a Patxi García Abascal, Presidente de la Asociación Juristas pro Derechos Humanos, en Diagonal Cantabria].
Fuente: EnfoCant.info
]]>Ecologistas en Acción, URZ de León y la propia Plataforma en Defensa de San Glorio (PDSG).
En el Boquerón de Bobias (1.858 m), nos hemos reunido un centenar de personas provenientes de las marchas que provenían de Cantabria y de León. El grupo de León partió de Llánaves de la Reina y el de Cantabria desde el mismo puerto de San Glorio. No pudimos contactar con el grupo de Palencia que también ha llevado a cabo una ascensión por la ladera palentina desde Cardaño de Arriba al Pozo Lomas.
El motivo de estas marchas era denunciar un nuevo intento del Gobierno de Castilla y León de favorecer a la empresa TRES PROVINCIAS para que instale unas pistas de esquí y una serie de urbanizaciones en la zona.
Asimismo, se ha aprovechado la marcha para realizar fotos de fauna, flora y paisaje, con el objetivo de colgarlas en la web Biodiversidad Virtual y para montar una exposición itinerante.
Las Cortes Castellano-Leonesas aprobaron el pasado 17 de Marzo las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de la Montaña Central Cantábrica. El informe de Sostenibilidad Ambiental justifica el Plan, obviando la identificación, evaluación y descripción de todas las afecciones, entre ellas las del posible Proyecto de Estación de Esquí, sin que exista un análisis de las alternativas. Este gobierno insiste de modificar la legislación incluso después de haber perdido con anterioridad tres juicios por parecidos motivos.
La PLATAFORMA EN DEFENSA DE SAN GLORIO (PDSG) ha reunido más de veintemil firmas en León, Palencia y Cantabria oponiéndose a esta locura urbanística-especulativa en estas montañas.
La PDSG ha denunciado y presentado otro recurso Contencioso-Administrativo contra la Junta de Castilla y León porque después de 15 años, ni Palencia ni León tienen hechas sus normas. El 7 de diciembre de 2010 acabó el plazo dado por la UE para designar y aprobar las zonas ZEC (Zonas de Especial Conservación). Por tanto la vulneración de la legalidad ambiental es la política de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para favorecer el macro-proyecto de Estación de Esquí en este santuario de la biodiversidad mundial. ]]>
La aprobación de esta norma, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios de la Cámara –populares, socialistas y grupo mixto– abre el camino para la construcción de la estación de esquí de San Glorio.]]>
La aprobación de esta norma, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios de la Cámara –populares, socialistas y grupo mixto– abre el camino para la construcción de la estación de esquí de San Glorio.
Para Javier García Escudero, portavoz de la Plataforma en Defensa de San Glorio (PDSG), el proyecto de la futura estación de esquí “es un disparate económico y un despropósito ambiental”. En su opinión, el Gobierno Regional se ha limitado a “cambiar unas leyes y articular otras en pro de unos intereses particulares y no de los generales”.
A juicio del colectivo, esta ley es “una nueva vulneración de la seguridad jurídica e indefensión de la sociedad” por parte de la Junta de Castilla y León. Para la Junta de Castilla y León, la Ley de las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central, pretende la búsqueda de una reactivación económica y de creación de empleo en la Montaña Cantábrica Central, área en la que está prevista la construcción de este proyecto, frenado por numerosos fallos judiciales.
Intereses privados
A juicio de la plataforma en contra de la estación, se trata de una nueva ley “vacía de contenido” que facilitará la construcción de una macroestación de esquí en espacios protegidos del norte de Palencia y León. Entienden que “por segunda vez, la Junta blinda por ley una iniciativa privada para que a la ciudadanía le sea imposible presentar desacuerdo por vía jurídica; y lo peor es que anuncian una tercera ley para culminar esta atrocidad”.
La Plataforma en Defensa de San Glorio cuestiona una vez más la rentabilidad de las estaciones de esquí en la Cordillera Cantábrica, al considerar que se mantienen “a base de traspasar fondos del erario público”. Asimismo, recuerda que las características geoclimáticas de la zona hacen que la nueva estación no sea rentable, y ponen como ejemplo este invierno en el que los kilómetros esquiables en el mes de enero apenas llegaron a los diez en algunas estaciones como Alto Campoo, en Cantabria, o Fuentes de Invierno, en Asturias. Además, el colectivo denunció que el Gobierno autonómico “se dedica a articular leyes, no con la intención de proteger el bien común, sino de favorecer intereses económicos particulares con nombres y apellidos”. Por ello, indicaron que, de llevarse a cabo el proyecto, serán las administraciones las que tendrán que hacerse cargo de las obras de infraestructuras y accesos, valoradas en más de 20 millones de euros “que pagaremos todos”. Según la plataforma, “no hay justificación económica, ni social ni medioambiental para arropar este dislate”.
Impactos críticos
Para José Luis García Lorenzo, miembro de la Fundación Oso Pardo “la construcción de la estación de San Glorio es absolutamente incompatible con la conservación de los valores naturales de ese territorio”.
Las alternativas
Cuatro organizaciones conservacionistas (SEO/BirdLife, WWF-Adena, Fundación Oso Pardo y la Asociación para el Estudio y Defensa de la Montaña Oriental Leonesa) se han unido con el fin de presentar propuestas para el desarrollo socioeconómico en el entorno de San Glorio.
La propuesta de estos grupos se basa en cuatro puntos: puesta en marcha de un centro de interpretación de los cinco grandes ungulados y sus depredadores presentes en el territorio (Centro Temático Artios); construcción de un spa-centro termolúdico, apoyado en el aprovechamiento del agua como elemento de bienestar; la adecuación de un humedal en la cola del embalse de Riaño, y el impulso del Parque Natural como instrumento de desarrollo sostenible. Para José Luis García Lorenzo “proyectos bien dimensionados y que se apoyen en los recursos endógenos, como los que hemos presentado, son los que pueden tener futuro en el entorno de San Glorio, y no megaproyectos insostenibles y de dudosa rentabilidad”.
Recurso ante los tribunales
La Plataforma para la Defensa de San Glorio ha anunciado que acudirá a los tribunales europeos por incumplimiento de la normativa de la Red Natura 2000. Así mismo apelará al Tribunal Supremo por no haberse acatado las tres sentencias que han anulado el cambio de normativa que intentó la Junta durante el mandato de Carlos Fernández Carriedo, consejero de Medio Ambiente.
“Sabemos que la acción conjunta de la ciudadanía puede detener estas monstruosas decisiones y desde la Plataforma en Defensa de San Glorio animamos a la sociedad española en general a luchar contra esta nueva cacicada política que no tiene más que una visión, la de imponer sus proyectos inviables a golpe de ley, despreciando toda lógica y sentido común”, reiteraron desde la Plataforma.
(Fuente: Diagonal Cantabria nº24)
]]> 
La diputada conservadora María José Sáenz de Buruaga explicó que su grupo había respaldado la reforma por ser «mejor que la nada», ya que la norma promovida por los social-liberales y regionalistas era «inútil» e «inservible» y estaba, además, «vacía», por lo que se le ha dado «la vuelta como a un calcetín», haciendo «todo lo que estaba en sus manos» para solucionar la situación de los dueños de estas viviendas, en su mayor parte segundas residencias de nivel adquisitivo medio-alto, para personas venidas de otras Comunidades.
Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón (PRC) ha apelado a la «buena voluntad de todos» (administraciones desde las que se concedió la licencia y nadie ha respondido por sus responsabilidades, afectados que compraron en un espacio masificado y con gran impacto urbanístico, los tribunales, e incluso los querellantes) para solventar una situación en la que los propietarios eran en su mayoría «desconocedores» del problema, sin especificar si van a reformar la ley para que su desconocimiento retroactivo exima de su cumplimiento.
ARCA valora la condena al alcalde de Piélagos pero pone en duda la legalidad de la reforma legal, afirmando que «promueve la corrupción urbanística».
Por su parte ARCA, que tiene un apartado interactivo en su web con todas las sentencias de demolición conseguidas, recientemente calificaba de «tremendamente positiva» la sentencia que condena al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), a un año y medio de prisión por prevaricación urbanística. En opinión de los ecologistas, el fallo del tribunal es «muy positivo» porque «pone en valor» la Ley del Suelo estableciendo que vulnerarla «tiene consecuencias».
Sin embargo, en relación con la reforma de dicha ley, el presidente de ARCA Gonzalo Canales ha acusado al Gobierno y el Parlamento autonómico de «promover la corrupción urbanística» porque «envían mensajes de que es impune incumplir la ley», con reformas pretendidamente retroactivas. Además, han señalado que es una ley «absolutamente inservible» por vulnerar la legislación básica del Estado, que establece que para condenar el daño ha de ser efectivo. «Si de verdad hubiera voluntad política» las medidas se habrían adoptado hace meses consignando partidas en los presupuestos autonómicos para indemnizar a los propietarios de las viviendas ilegales, legislando para que «al día siguiente de los derribos» los afectados percibieran las indemnizaciones. La asociación ecologista cree que han querido «quitarse de encima» a los afectados ante la proximidad de las elecciones, calificando la iniciativa de «electoralista» porque a los políticos «no les importa el medio ambiente ni la gente» sino «sólo su interés partidista».
Canales cree que la finalidad de la última reforma de la Ley del Suelo que ha aprobado el Parlamento es «incumplir las sentencias firmes de demolición, retrasándolas sine die«, lo que supone «una patada al Estado de derecho». ARCA ha criticado también que nadie en el panorama mediático-político «pida responsabilidades ante el desaguisado urbanístico» y ha demandado la dimisión del presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, responsable de Urbanismo cuando gobernaba el PP, Además, esta asociación cuestiona a Revilla porque «ha nombrado a José María Mazón» que, según denuncia Canales, «está encargado de cargarse la legislación urbanística de Cantabria». El presidente de ARCA ha pedido a los cántabros que ante las próximas elecciones «tomen nota de la actuación de los políticos».
Publicado en: Enfocant.info
]]>
El Sociólogo Javier Castejón Iriarte, ha publicado un artículo donde haciendo un repaso a declaraciones de promotores del TAV muestra la nula utilidad de dicha infraestructura.
En el artículo cita frases como la del presidente de Renfe, Teófilo Serrano quien, en una jornada técnica ferroviaria, afirmava que “No es estrictamente necesaria desde el punto de vista del interés público la existencia de servicios de alta velocidad, sí es absolutamente interesante desde el punto de vista del interés público el que existan servicios de cercanías entre las ciudades”.
]]>
El Sociólogo Javier Castejón Iriarte, ha publicado un artículo donde haciendo un repaso a declaraciones de promotores del TAV muestra la nula utilidad de dicha infraestructura.
En el artículo cita frases como la del presidente de Renfe, Teófilo Serrano quien, en una jornada técnica ferroviaria, afirmava que “No es estrictamente necesaria desde el punto de vista del interés público la existencia de servicios de alta velocidad, sí es absolutamente interesante desde el punto de vista del interés público el que existan servicios de cercanías entre las ciudades”.
Esta confesión en la que se pone en tela de juicio este megaproyecto de la alta velocidad es solo una de las muchas declaraciones públicas que en los últimos meses hemos podido oir de voca de los impulsores del TAV en las cuales reconocen la falta de utilidad social de esta infraestructura, o bien ponen en entredicho la política de obra pública llevada hasta ahora por los diferentes gobiernos centrales y autonómicos. El propio Ministro de Fomento, José Blanco, reconoción que “el desarrollo y el crecimiento del Estado español de los últimos años era desproporcionado”.
Estas declaraciones ponen de manifiesto el destrozo que las polítias de infraestructuras han causado durante los últimos años, dejando claro que las intenciones de dichas políticas, van más encaminadas al negocio rápido y el pago de fabores a determinados empresarios, que a cualquier otro fin.
Según Rafaél Fernandez, miembro de la comisión de infraestructuras de la CEOE, nada sospechosa de rechazar el TAV, “Mantener un kilómetro de AVE cuesta 200.000 euros al año. Nuestros trenes hacen 1.000 kilómetros al día, mientras que el TGV francés hace 2.000. Las tasas de amortización son mucho peores. Veremos si podemos mantener ese lujo”. Así mismo, el presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (ASETA), José Luis Feito, declaró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que “los AVEs son un mal negocio para España” puesto que “ni su orografía, ni su densidad de población” justifican el AVE “prácticamente en ningún caso”.
Con estos ejemplos se muestra lo que la oposición contra el TAV lleva más de diez años reivindicando. Que el TAV es un capricho pensado para una minoría social, una infraestructura deficitaria y una excusa para que determinados políticos y empresarios se lucren a costa de la obra pública.
Extraido de: Asamblea contra el TAV de Cantabria.
]]>