En el fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo aboga por una evaluación de impacto ambiental de forma conjunta en los parques eólicos cuando se encuentren próximos a otros en la misma zona, como en este caso, donde esos dos proyectos se sumaban a otros dos.
En la sentencia, la Sala estima así el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa contra los acuerdos del Consejo de Gobierno en torno a estos proyectos de energía eólica, que fueron autorizados en 2008 siguiendo la normativa del año 2000 para la implantación de parques eólicos en Cantabria .
En el fallo, la Sala advierte de que el Estudio de Impacto Ambiental es incompleto, al no tener en cuenta la cercanía de los parques de Campóo Alto y La Costana, además de faltar un estudio de conjunto acerca de la incidencia de «todos los proyectos» de parques eólicos en la Zona III Campóo Alto, respecto a la flora, fauna, y paisaje, etc…
El Ayuntamiento entendía que se autorizaron en base a evaluaciones de impacto «erróneas», al no tener en cuenta la proximidad a estos dos parques, los de Sombablle y Lantueno, de otros dos, los de Campoo Alto y La Costana.
De hecho, el Consistorio hacia hincapié en que los de Somballe, Campoo Alto y La Costana, llegaban a formar un único parque «desde el punto de vista funcional y medioambiental», pese a que tuvieran una tramitación diferente que había «subvertido» la finalidad de la normativa de impacto ambiental, en lo que ven como un «fraude de ley».
Los parques contaban con infraestructuras compartidas, como una única línea de evacuación, los mismos accesos y no se distinguía entre los aerogeneradores de uno y otro, precisamente por la escasa distancia entre cada uno.
Frente a eso, el Gobierno de Cantabria alegaba que la estimación realizada ya tenía en cuenta el impacto conjunto de tres de los parques.
Las cuatro autorizaciones ambientales tenían la misma fecha, apunta la Sala, que detalla que los argumentos del Gobierno se limitaron a una «somera» descripción de las ventajas de contar con una línea de evacuación de la energía, pero con una «ausencia total» de estudio de conjunto sobre la incidencia de la «acumulación» de proyectos de la zona en la fauna, flora y paisaje, lo que supone que «no se ha cumplido la legislación».
Sin evaluación conjunta, proyectos nulos
El TSJC establece en la sentencia que el informe y la evaluación de impacto ambiental deben tener en consideración el impacto «en conjunto». «Si no lo han realizado así, debe considerarse incompleta la evaluación y nulo el proyecto», manifiesta.
Y ordena, en consecuencia, la realización de un nuevo estudio, con un procedimiento de evaluación ambiental que tenga en cuenta que la zona elegida para el emplazamiento es «muy sensible», con un «altísimo valor ambiental», por lo que no debería permitirse «una transformación radical».
Los planes directores de estos parques (Somballe y Lantueno) se aprobaron en 2006, y la estimación de impacto ambiental, en octubre de 2007. El fallo relata como los parques de Somballe y Lantueno se iniciaron en 1998, y los de Campoo Alto y La Costana, en 2002, por lo que no se corresponden con las previsiones del Plan Energético aprobado en 2005, con vigencia hasta 2011.
La Sala de lo Contencioso se remite a otros fallos, como la jurisprudencia del Tribunal Supremo o varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que también se pronunciaba sobre la falta de un «verdadero estudio» de los efectos «sinérgicos» por la existencia de parques próximos e infraestructuras asociadas.
Fuente: EL Diario Montañés.
]]>La «autovía eléctrica del Cantábrico” consiste en un parque de 400 kilovoltios y tres líneas que conectan con Asturias, Castilla y León y el País Vasco. La Línea continua en construcción a pesar de contar con el rechazo de numerosos municipios, como Penagos, Castañeda, Rasines, Castro Urdiales, Cabezón de la Sal y Liérganes y colectivos, no haber sido demostrado que sea imprescindible para Cantabria y ser causa efectos nocivos en la salud de quienes sobrevuela.
A la inauguración no han asistido representantes de la Corporación municipal, opuesta tanto al proyecto de subestación como a las líneas eléctricas y que durante años ha acompañado a numerosos colectivos y asociaciones en el rechazo a esta infraestructura, con protestas y acciones judiciales.
Alimentando la destrucción
La construcción de la «autovía eléctrica del Cantábrico» garantiza el suministro que requiere la alta velocidad, permite evacuar la energía que produzcan los proyectos eólicos y abastecer a los nuevos polígonos de la zona oriental, según declaraciones del presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza. Esta línea resulta una estructura fundamental para hacer efectivos estos megaproyectos y abrir espacios y pueblos hasta ahora inaccesibles para otros nuevos, como declara el propio Ibañez que considera que con esta «nueva autovía se rompe con el aislamiento y las limitaciones del pasado”.
La subestación de Penagos hace “factible” la evacuación de energía de los parques eólicos, actualmente en desarrollo y garantiza la alimentación del Tren de alta Velocidad (TAV), ambos proyectos cuentan a su vez con una fuerte oposición de personas, organizaciones y colectivos sociales.
Años de denuncias
La Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (ACAAT) lleva desde 1989, año en que se proyectó la línea, denunciando la situación de irregularidad y la falta de información por parte de REE en este proyecto. En 2002 la asociación consiguió una sentencia favorable que invalidaba la utilidad pública del proyecto por no tener un informe de impacto medioambiental. Desde 2003, Red Eléctrica Española ha presentado otro proyecto con muy pocas variaciones y que, según esta asociación, «sigue siendo ilegítimo”.
ACAAT exige la total anulación del expediente administrativo con relación a la autorización y la declaración de utilidad pública de la línea a 400 kV Soto de Ribera-Penagos-Gueñes/Itxaso y la demolición de la totalidad de las obras hasta hoy ejecutadas así como la inmediata paralizacion de la linea Aguayo-Penagos/Garoña.
Fuente: Asamblea contra el TAV
Más información:
]]>Igualmente el gobierno intenta vender la disparatada idea de que los eólicos van a crear 57.000 puestos de trabajo en la región. Muy al contrario la realidad demuestra que los empleos fijos directos generados por los eólicos, no van a superar los 200 puestos de trabajo. Se juega con el fácil y difuso espejismo de los puestos indirectos, de un modo que recuerda demasiado a los supuestos empleos del famoso escándalo de la fábrica de fibroyeso. El propio sindicato UGT reconoce en un dictamen al respecto, que no se va a crear tanto empleo, ni a cambiar el sistema productivo, a la vez que señala la falta de estudio y rigor de todo el plan.
Siete grupos empresariales se han repartido el territorio para construir 1.500 megavatios de potencia eólica. Cinco veces más que lo permitido en el actual plan energético de Cantabria. Más de cuatro veces la potencia que le corresponde a la comunidad autonómica dentro del reparto nacional. Y todo sin participación ciudadana ni la mínima transparencia social. En definitiva, sin democracia. Para CORE el gobierno de Cantabria ha actuado de manera improvisada y precipitada, sin estudios vinculantes, ni energéticos, ni medioambientales, sin estudios sobre otros sectores productivos que se verán afectados, ni estudios territoriales, sin plan de ordenación del territorio, ni ley del paisaje.
Desde CORE se insiste en que se va a trasladar al desarrollo de las energías renovables el insostenible y corruptor modelo de la burbuja inmobiliaria que ha destrozado la costa cántabra y condenado judicialmente en varias ocasiones al gobierno autonómico.
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